Everardo Garduño.
Universidad Autónoma de Baja California
31 de Septiembre del 2003
Introducción.
Durante las vacaciones de primavera de 1997, 10 años después de haber trabajado en San Quintín, visité la comunidad indígena de La Nueva Región Triqui; ésta es una comunidad de aproximadamente 2,000 indígenas oaxaqueños, obviamente de origen triqui predominantemente, distribuidos en cerca de 300 viviendas (observación directa). Durante las dos semanas en que permanecí en esta comunidad, observé que ésta no difería significativamente de la mayoría de las comunidades indígenas oaxaqueñas, dado que en cada recinto existía un jardín botánico en el cual cultivaban maíz, fríjol, calabaza y plantas medicinales de distinto uso; en algunos casos observé incluso, que existía el tradicional baño de vapor o temascal y las cocinas construidas de carrizo afuera de las viviendas; en el interior por su parte, era común que estuviera el fogón de adobe y el telar de cintura, artefacto con el que estos indígenas elaboran su ropa tradicional. Más aún, la vida en La Nueva Región Triqui parecía transcurrir tal y como sucede en cualquier otra comunidad de Oaxaca; en mi primer paseo a lo largo de este asentamiento indígena, observé tres eventos celebrados en la forma más tradicional de los indígenas oaxaqueños pertenecientes a la región mixteca: una quinceañera, un bautizo colectivo y un funeral. El siguiente día establecí contacto con un grupo de músicos que interpretaban las típicas chilenas, y más tarde fui testigo de una limpia practicada por una curandera indígena. Después de haber llevado a cabo estas observaciones, era fácil concluir que La Nueva Región Triqui no era sino una comunidad indígena oaxaqueña más, con todos sus elementos más comunes; sin embargo, se trataba sin lugar a dudas, de un interesante caso de reterritorialización de una comunidad y de una cultura, localizada en San Quintín, Baja California, aproximadamente a mil ochocientas millas del Estado de Oaxaca.(1)
San Quintín es un valle agrícola situado a cuatro horas al sur de la frontera entre México y Estados Unidos, a donde cada verano acuden grandes contingentes de indígenas procedentes del estado de Oaxaca, contratados por las compañías horticultoras de la región, para cosechar diversos productos entre los que destaca el tomate. Estos trabajadores indígenas son albergados hasta el otoño en campamentos precariamente equipados, cuyas condiciones contrastan con las de los barrios o colonias en donde residen los migrantes permanentes que, como La Nueva Región Triqui, se han multiplicado a lo largo de este valle. A diferencia de la situación prevaleciente en los campamentos, los barrios poseen los servicios básicos como electricidad, agua, tiendas, escuelas, guarderías, etc., y en donde familias enteras de origen zapoteco, mixteco, y triqui, se encuentran en libertad de reproducir sus practicas culturales, y desarrollar sus propias formas de organización y lucha en contra de la explotación y segregación de la que han sido históricamente objeto en San Quintín.
Ciertamente, en el origen de estos barrios indígenas en el valle, subyace una larga historia de acciones y movilizaciones de los trabajadores agrícolas oaxaqueños, en la que no ha estado ausente el trabajo de los indigenistas, tomando decisiones ante distintos dilemas. En 1987, participé en un equipo de trabajo constituido por el Instituto Nacional Indigenista en San Quintín, que tenía por objeto llevar a cabo una evaluación tanto de las condiciones en las cuales vivían los migrantes indígenas en los campamentos, como del trabajo desarrollado por las distintas instituciones y organizaciones en la región (Ver Garduño et al: 1990). En este articulo se presenta un resumen del análisis y sugerencias realizados por este equipo, con la intención de reorientar el trabajo de INI, y tener un impacto mucho más positivo sobre las condiciones sociales de la población indígena en este valle agrícola. Este artículo ofrece también algunos comentarios sobre el impacto de estas acciones, 15 años después. Es importante señalar que quienes participaron en esta experiencia de 1987, fueron: Juan Malagamba (Director de Centro Coordinador del Instituto Nacional Indigenista en Baja California), Efraín García, Patricia Morán, Gerardo Cordero, Rubén Peralta, y Marta Susana Rivera. Ellos constituyen lo que en esta ponencia se denomina, el equipo del INI.
La explotación de indígenas en San Quintín.
Hacia la década de los setentas y principios de los ochentas, la producción de hortalizas en San Quintín llegó a ser la actividad agrícola más redituable en Baja California. La fertilidad de la tierra en este Valle, la abundancia de agua en esos años, el clima templado, así como la ubicación geográfica de San Quintín, fueron factores importantes de este éxito. Por una parte, las condiciones climáticas que permitían que el cultivo de tomate pudiera desarrollarse durante el verano en San Quintín, cuando era poco probable que en los Estados Unidos tuviera éxito, así como la vecindad con el mercado hortícola más grande del mundo, representado por el Estado de California, constituyeron factores fundamentales de atracción de diversas compañías norteamericanas, que buscaban nuevas áreas para desarrollar una producción agro exportadora de intensidad, que en poco tiempo llegó a generar el 22% del ingreso agrícola del Estado (SARH 1985: 91-93).
Pero no sólo las características físico-geográficas del Valle de San Quintín, constituyeron factores exclusivos del éxito económico de la región, y particularmente de los horticultores, sino también la concurrencia de una fuerza de trabajo migrante de origen indígena. A las ganancias de por sí extraordinarias, obtenidas de la diferencia entre ingresos en dólares y el pago de salarios raquíticos en pesos, habría que añadir como ventaja adicional la condición monolingüe de los recién llegados, así como el desconocimiento casi absoluto sobre la Ley Federal del Trabajo con el que arribaban; ambos fueron factores aprovechados frecuentemente por las compañías para escamotear los derechos laborales de los migrantes. Durante el tiempo de trabajo de nuestro equipo del INI (1987), pudimos ser testigos de cómo estos jornaleros eran forzados a realizar jornadas extenuantes por un salario de aproximadamente 5 dólares al día, y a trabajar obligatoriamente horas extras, sin consideración alguna ni para niños ni mujeres embarazadas. Más aún, pudimos registrar cómo la principal ventaja que las empresas agrícolas obtenían de la relación con la fuerza de trabajo indígena migrante, provenía de la perpetua categoría de trabajadores temporales en la que ubicaban a todos sus empleados, incluso a aquellos que tenían cerca de 20 años trabajando para un mismo contratador. En esta condición, dimos cuenta de cómo a los indígenas oaxaqueños no les eran reconocidos los beneficios establecidos en la Ley Federal del Trabajo para los trabajadores permanentes, como es el caso de la semana laboral de 6 días con el pago de siete, el goce de vacaciones pagadas, aguinaldo, y reparto de utilidades (Garduño et al 1990: 80-97).
Durante los años de trabajo de nuestro equipo en San Quintín, pudimos incluso observar la práctica del “acasillamiento” (2) por parte de los patrones. En repetidas ocasiones, vimos cómo al arribar los primeros contingentes de jornaleros, el contratador los conducía a la tienda del lugar para que recibieran a manera de avance de sus honorarios, lo que necesitaran para sobrevivir las primeras semanas; de esta manera, los jornaleros caían inmediatamente endeudados y obligados a trabajar exclusivamente para la compañía que los trajo, y si por alguna razón interrumpían su trabajo por más de 3 días (por enfermedad, embarazo, o para buscar un mejor empleo), éste debía pagar inmediatamente la deuda que había contraído, además que perdía automáticamente su empleo, e incluso la vivienda que le habían asignado. Nuestro equipo también fue testigo de cómo esto también sucedía, si los trabajadores protestaban por el trato del que eran objeto y por el atropello de sus derechos laborales por parte de la compañía (Ibíd.). Por otra parte, la escasa inversión que las compañías realizan en el bienestar de sus trabajadores, albergándolos en condiciones por demás deplorables, ha representado históricamente una fuente importante de ahorro para los patrones. En nuestro diagnostico describimos detenidamente como los jornaleros mixtecos son albergados en campamentos insalubres constituidos por pequeños cuartos de lámina de apenas 4 x 4 metros, que no ofrecen ninguna protección contra los fuertes vientos del verano o frente a las lluvias de invierno, cuando los techos de estas viviendas gotean abundantemente y su piso de tierra se vuelve lodo; la mayoría de estos campamentos no cuenta con un numero suficiente de letrinas y baños, no tiene electricidad, y el agua se obtiene de cisternas altamente contaminadas. Debido a estas condiciones, nuestro equipo de trabajo registró en esos años que los habitantes de los campamentos sufrían frecuentemente de enfermedades respiratorias (29%), gastrointestinales (28%), y enfermedades reumáticas (18%) (Ibíd.: 65-80).
El campamento, sin embargo, no ha representado para las compañías sólo una ventaja como fuente de ahorro extraordinario, sino el principal medio de control social sobre sus trabajadores. La dispersión de estos asentamientos, así como su localización al interior de la propiedad de las empresas horticultoras, inhibe el desarrollo de una intensa socialización entre los indígenas. Hacia los ochentas había aproximadamente veinticuatro campamentos dispersos en un área de 200 kilómetros, separados uno del otro hasta por 10 kilómetros. Esta situación hacia que aquellos migrantes pertenecientes al mismo grupo étnico, pueblo, o incluso familia, vivieran dispersos y aislados, ausentes de todo contacto entre ellos, al tiempo que propiciaba el hacinamiento de un gran número de individuos pertenecientes a una gran variedad de grupos étnicos como el mixteco, el triqui, el zapoteco, el nahua, y el purépecha. Así, la dispersión dificultaba a los indígenas el poder desarrollar una elevada cohesión social, mientras que el hacinamiento multiétnico creaba una atmósfera de permanente tensión en el campamento; ambos factores frecuentemente conducían al surgimiento de batallas campales protagonizadas por los diferentes grupos dentro de estos asentamientos. Por ultimo, en la neutralización de la organización de los indígenas al interior de los campamentos, han jugado un papel central tanto la figura del campero, como la afiliación forzada de los trabajadores a los sindicatos blancos. El campero es una especie de policía indígena privado muy cercano al patrón, y encargado de mantener el orden en el campamento. En nuestro trabajo de campo pudimos apreciar que en particular, las obligaciones de este personaje eran: poner especial atención a las opiniones adversas de los trabajadores indígenas acerca de las condiciones de vida y de trabajo en las que se encontraban; reprimir cualquier intento de huelga, y prohibir la expresión de prácticas alteradoras, como aquellas relacionadas a su tradición. Por ejemplo, nosotros fuimos testigos de cómo el campero no permitía que los trabajadores indígenas llevaran a cabo reuniones, hablaran su lengua o construyeran los tradicionales temascales dentro del campamento. Por otra parte, en esos años era común que los patrones obligaran a los trabajadores que vivían dentro de sus campamentos, a afiliarse a alguno de los sindicatos blancos en la región, aun cuando estos hacían muy poco por mejorar las condiciones de sus agremiados; tal era el caso de aquellos sindicatos pertenecientes a la Central Nacional Campesina (CNC) y a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), afiliados al partido oficial de ese entonces (el PRI).
Las estrategias indigenistas organizativas y las estrategias paternalistas.
Hacia 1987, existían varias instituciones gubernamentales y no gubernamentales, desarrollando distintos programas de carácter social entre la población migrante indígena en San Quintín. Entre las instituciones no gubernamentales se encontraban aquellas afiliadas a iglesias evangelistas como la Pentecostés y los testigos de Jehová, o aquellas afiliadas a un organismo político específico, como las mencionadas anteriormente CNC, CTM, afiliadas al PRI, y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), afiliada al Partido Comunista Mexicano. Por su parte, entre las instituciones gubernamentales se encontraban el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el INI, el Instituto Nacional de Educación de los Adultos (INEA), y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).
Desde nuestra perspectiva, estas instituciones y organizaciones que trabajaban en San Quintín, se dividían en dos categorías: las de carácter paternalista y las de carácter organizativo. Quienes asumían la estrategia paternalista se caracterizaban por una despreocupación total en propiciar una participación intensa y organizacional de los indígenas; las acciones desarrolladas bajo esta estrategia, consistían exclusivamente en proveer gratuitamente a la población migrante de mercancías y servicios que satisficieran directamente sus necesidades más urgentes, tales como alimentos, cobijas, juguetes para los niños durante la Navidad, y eventualmente atención medica. En nuestra opinión, evidentemente este era el caso de las organizaciones afiliadas a las distintas iglesias y el propio DIF.
Por el contrario, la estrategia orientada hacia metas organizativas se caracterizaba por su énfasis en la creación de “grupos autogestivos” (3), que fueran capaces de satisfacer sus propias necesidades y reclamar sus derechos laborales como trabajadores indígenas. Este debiera ser el caso de los sindicatos afiliados a la CNC y la CTM, que por su condescendiente relación con los patrones y el gobierno, y su inserción “corporativizada” (4) al PRI, adquirían un carácter por demás impositivo, opuesto a toda orientación autogestiva. Este también debiera ser el caso del INI, cuyos programas si bien consistían en ofrecer asistencia gratuita a esta población migrante, a través de las llamadas unidades medicas móviles y una unidad móvil de abasto, su estrategia de trabajo comprendía la creación de núcleos de organización al interior de los campamentos, bajo el nombre de comités de salud y comités de abasto, con el objeto de promover y organizar las acciones de dichos programas. Sin embargo, dado que la meta de los programas del INI consistía en proveer a los migrantes de servicios inmediatos para aliviar temporalmente sus necesidades, y a que estos comités se limitaban únicamente a dar respaldo a las acciones institucionales, éstos no requerían desarrollar una intensa participación realmente autogestiva; de hecho, esta situación incrementaba la dependencia de los indígenas hacia la institución, mas que fortalecer la autodirección.
Finalmente, en nuestro diagnostico concluimos que la única organización con esta orientación de autodirección en San Quintín, era la CIOAC, ya que aun cuando el comité central a nivel nacional y del estado de esta organización estaba constituido por mestizos, el liderazgo local lo tenían los propios indígenas. Estos lideres locales estaban convencidos que el problema central de los migrantes en San Quintín era la explotación laboral, y consecuentemente, creían que la principal tarea de su organización debía ser la sindicalización de los trabajadores indígenas. Premisa fundamental de la CIOAC era que la negociación colectiva de los derechos laborales, seria el único medio para contrarrestar la explotación laboral de los trabajadores y alcanzar mejoras permanentes en sus condiciones de vida. En ese entonces, las demandas centrales de la CIOAC consistían en aumento salarial, pago de aguinaldos, mejoramiento en las condiciones de transportación y vivienda, y el cese al maltrato de los trabajadores en el trabajo.
Al final de la década de los ochentas, sin embargo, ni las instituciones gubernamentales, ni la CIOAC, habían logrado ser completamente exitosas en obtener cambios substanciales en las condiciones sociales de los migrantes indígenas. Desde nuestro punto de vista, el fracaso de ambas era perfectamente atribuible a particularidades de cada una de las estrategias, pero también, a una orientación común a todas ellas, y dominante en esos años. La principal falla de las primeras, fue su orientación paternalista y su estrecha dependencia al gobierno; dado que las acciones de estas instituciones consistían básicamente en proveer servicios a los migrantes indígenas, su impacto se desvanecía sin dejar ninguna base organizativa, tan pronto como la crisis económica en México empezó a repuntar; por ejemplo, en el caso particular del INI, éste no pudo continuar sosteniendo las unidades medicas móviles ni la unidad móvil de abasto, y las formas de organización que había creado al interior de los campamentos, se disolvieron tan pronto como los programas desaparecieron. En el caso de la CIOAC, la influencia del Partido Comunista en esta organización, condujo frecuentemente a la adopción de acciones radicales en contra del gobierno o de las compañías horticultoras, lo cual, en el mejor de los casos resultó en la ausencia de apoyo oficial para la CIOAC (por ejemplo, la negación del registro de su sindicato), pero en la peor de las situaciones, estas acciones resultaron en dramáticas represiones (como el asesinato de su principal líder, y el encarcelamiento de sus dirigentes, en 1987).
Más aun, un elemento común que vino a sumarse a las causas que condujeron al fracaso de las estrategias, particularmente del INI y la CIOAC, fue su negligencia a atender un fenómeno creciente que había empezado a tener lugar hacia 1986. Durante este año, los cultivos de primavera e invierno (tales como la fresa y el cebollín), fueron introducidos en San Quintín demandando grandes volúmenes de fuerza de trabajo y conduciendo a la adopción por parte de los jornaleros mixtecos, de un nuevo patrón migratorio. Por ejemplo, de una muestra estudiada por nuestro equipo de investigación, el 35% de los migrantes había empezado a migrar a esta región, con la expectativa de quedarse a residir permanentemente en el Valle (Garduño et al: 63); como este tipo de migrante generalmente encontraba vivienda fuera de los campamentos, hacía difícil su atención por parte del INI y la CIOAC, instancias que decidieron continuar dirigiendo sus esfuerzos exclusivamente hacia los asentamientos tradicionales, en los cuales permanecían de manera visible numerosos indígenas; por esta razón, dado que este tipo de trabajador permanecía únicamente por el verano en San Quintín, los esfuerzos organizativos tanto del INI y la CIOAC, se desvanecían al llegar el otoño.
Nuestras sugerencias.
En las conclusiones de nuestro diagnóstico establecimos claramente que en nuestra convicción, el problema central y fundamental de la población indígena en San Quintín, era su explotación social por parte de las compañías transnacionales. La forma que nosotros veíamos entonces para hacer frente a este problema, consistía en hacer que los patrones transformaran sus políticas de subyugación y escamoteo de los derechos laborales de sus trabajadores; en este sentido, coincidíamos con la CIOAC en que el único vehículo para alcanzar este objetivo, era la organización autogestiva de los trabajadores indígenas, y que para crear las condiciones para el desarrollo de esta organización, era necesario que el INI contribuyera con las siguientes acciones:
1) Crear una estación de radio multilingüe en San Quintín;
2) Apoyar la creación de barrios indígenas permanentes o colonias constituidas por migrantes residentes en la región;
3) Promover la instalación de campamentos para migrantes estaciónales, fuera de las propiedades de las compañías horticultoras;
4) Apoyar el trabajo de las organizaciones independientes con claras muestras de autogestión indígena.
La creación de una radio multilingüe en San Quintín tenia por objeto abrir canales de comunicación entre los distintos campamentos dispersos en el Valle, y más aún, entre estos campamentos y otras regiones donde existían importantes núcleos de población mixteca, como por ejemplo el sur de California en los Estados Unidos, y Baja California, Sinaloa y Oaxaca, en México.
El apoyo a la creación de barrios permanentes, o colonias, fue sugerido teniendo en cuenta tres consideraciones: primero, que al proveer al campamento de servicios, se estaba incurriendo prácticamente en una acción subsidiaria por parte del Estado hacia las compañías transnacionales, mas que estar apoyando directamente a los trabajadores (5). Segundo, que al promover la creación de barrios indígenas fuera de las propiedades de las compañías horticultoras, con viviendas propiedad de los indígenas residentes en ellos, y con los servicios básicos, se beneficiaría directamente a los indígenas; desde nuestro punto de vista, esto crearía las condiciones para que los migrantes establecieran un control real sobre su propio espacio de asentamiento, y consecuentemente, estuvieran en posibilidades de crear formas de residencia, acordes con su origen étnico, de pueblo, o de familia. Esto, según creímos, se reflejaría tarde o temprano en el florecimiento de formas independientes de organización, capaces de transformar no solo las condiciones laborales y de vivienda de los residentes de estos barrios permanentes, sino también de aquellos que se encontraran residiendo en los campamentos de migrantes.
De manera similar, nuestra sugerencia de instalar campamentos fuera de la propiedad de la compañía horticultora, tenía la intención de acabar con el “acasillamiento” de los jornaleros y el hacinamiento multiétnico; en este nuevo tipo de asentamiento, los jornaleros estarían en libertad de elegir a la compañía para la cual trabajar, y podrían pertenecer al sindicato de su preferencia, sin temor a perder el empleo y su vivienda.
Finalmente, nuestra propuesta de apoyar formalmente a las organizaciones no gubernamentales como la CIOAC, partía de nuestro reconocimiento a dichas organizaciones como formas genuinas de organización autogestiva en San Quintín. Independientemente de la orientación política de esta central, ésta constituía una organización ya existente y dirigida por indígenas, a través de la cual, el INI podría canalizar algunos servicios inmediatos hacia los barrios indígenas. Por ejemplo, en esos años sugerimos dirigir hacia este tipo de organizaciones, apoyo financiero para establecer cooperativas autodirigidas, pequeñas tiendas de abarrotes, e incluso, una oficina de asistencia jurídica laboral; de esta forma, pensamos, estas organizaciones podrían consolidarse como fuertes interlocutores de las compañías transnacionales.
La situación actual.
Nuestro trabajo con el INI en San Quintín terminó hacia 1988, sin ver resultados directos de nuestras sugerencias; sin embargo, dado que en los siguientes años continuamos realizando visitas y trabajo de campo en la región, pudimos atestiguar como en los últimos 15 años se empezaron a producir en el valle cambios significativos.
En 1993, el INI instaló una estación de radio multilingüe, con el nombre La voz del Valle. Esta radio transmite tanto en mixteco, triqui, zapoteco y español, y frecuentemente establece enlaces con radiodifusoras similares en la región mixteca, e incluso en la Ciudad de los Ángeles. En algunos de los barrios de migrantes establecidos, tales como la Nueva Región Triqui, existen bocinas localizadas en la parte alta de los postes, difundiendo la programación de esta radio para que la comunidad entera la escuche. Durante las horas de trabajo, los jornaleros indígenas han empezado a utilizar pequeños radiocasetes portátiles ocultos, para escuchar una programación que va desde recomendaciones alimenticias y de higiene, hasta información sobre sus derechos laborales. Otra actividad importante que ha realizado esta estación de radio, son eventos multitudinarios en donde socializan los migrantes indígenas de distinto origen; éste es el caso de festivales periódicos de música tradicional y tequios (trabajo colectivo).
Por su parte, el número de barrios indígenas ha crecido considerablemente: hacia 1987 había únicamente dos de estos asentamientos; hoy en día existen doce, cada uno de los cuales cuenta con un promedio de 300 familias. Lejos del control de las compañías, y lejos de la vigilante mirada del campero, estos asentamientos han llegado a constituirse en islotes verdes perfectamente distinguibles en el escenario árido de Baja California, en donde la población indígena oaxaqueña recrea su cultura. Por ejemplo, en los barrios de aquellos indígenas que pertenecen a diferentes grupos étnicos, los residentes han empezado a establecer control sobre el espacio, adoptando una distribución propia en el asentamiento; estos son los casos de La Nueva Región Triqui y La Nueva San Juan Copala, dos barrios triquis localizados próximos uno del otro, separados por un barrio mixteco denominado13 de Mayo.
La consolidación de barrios triquis, se ha visto acompañada por la aparición de organizaciones pertenecientes a este grupo étnico, y que posteriormente se han fusionado a organizaciones de mixtecos, o más aun, a organizaciones de acción transfronteriza que aglutinan a indígenas oaxaqueños en general; ejemplo de estas organizaciones son, el Movimiento Unificado de Lucha Independiente (MULI), con base en la comunidad de El Zorrillo; el Movimiento Unificador de Jornaleros Independientes (MUJI), con residencia principal en la colonia Lázaro Cárdenas; el Movimiento Unificado de Lucha Triqui (MULT), del Nuevo San Juan Copala; y la Organización del Pueblo Triqui (OPT), de la Nueva Región Triqui. En 1993, estas organizaciones, asociadas a otras como la Organización del Pueblo Explotado y Oprimido (OPEO), que tienen como centro de operaciones a los Estados Unidos, dieron origen al Frente Indígena Oaxaqueño Binacional, organización multiétnica constituida para desarrollar una lucha común en Oaxaca, Baja California, y los propios Estados Unidos.
Cabe señalar que las organizaciones indígenas en San Quintín, no solamente han experimentado un proceso de proliferación, sino también un proceso de maduración. Lejos de continuar siendo las organizaciones contestatarias y corporativizadas a las organizaciones políticas de izquierda, han llegado a ser organizaciones que han incrementado su popularidad a través de reorientar su trabajo hacia demandas concretas de beneficio directo a los barrios. De esta manera, los líderes de estas organizaciones son ahora considerados por el propio gobierno y las compañías horticultoras, legítimos representantes de los indígenas.
En mi visita a la Nueva Región Triqui en1997, pude confirmar lo anterior. Un día acompañé al principal líder de este barrio, a sostener una serie de reuniones con diversas autoridades gubernamentales; juntos nos reunimos con el representante de la Oficina Local del Registro Civil, para arreglar algunos problemas relacionados con un deceso ocurrido entre la población triqui en los Estados Unidos; más tarde, la persona que estaba a cargo de la titulación de predios en el Valle, atendió amablemente a este líder para discutir asuntos relacionados con los títulos de propiedad del barrio; al término de ese día, este dirigente acudió con el representante del INI para solicitarle el servicio del transporte para el grupo de artesanos de su comunidad; más aún, el ultimo día de la semana en que permanecí en este barrio, el líder triqui acudió como invitado de honor a la ceremonia oficial de conmemoración del natalicio de Benito Juárez en la colonia Vicente Guerrero; y finalmente, en marzo de 1998, puede atestiguar como el Gobernador del Estado visitaba La Nueva Región Triqui y sostenía una reunión con este líder.
La interlocución efectiva de los nuevos líderes indígenas, así como la reorientación de sus demandas, se ha visto cristalizada en una serie de cambios notables en el bienestar de la población migrante, particularmente de aquella que reside en las colonias permanentes. En contraste con los campamentos, estos asentamientos cuentan ahora con electricidad, agua potable, tiendas de abarrotes, escuelas de educación primaria, guarderías, y canchas de básquetbol o fútbol soccer. Por su parte, como ejemplo de la reorientación del trabajo contestatario de las organizaciones indígenas, podemos mencionar el caso de la CIOAC en la colonia mixteca de nombre Maclovio Rojas (en honor a su líder asesinado en 1987), en donde dicha central llevó a cabo con fondos gubernamentales, la instalación de una cooperativa destinada a producir bloques de cemento, así también, en la Nueva Región Triqui, dos grupos de artesanas triquis encontraron un importante respaldo y el servicio de gestoría bilingüe en la Organización del Pueblo Triqui, para obtener apoyo oficial en su actividad productiva y comercial. Posteriormente, esta ultima organización y la CIOAC, llevaron a cabo exitosamente, movilizaciones para solicitar la instalación de un hospital, cerca de los más importantes barrios indígenas.
Mas aún, la interlocución de las organizaciones indígenas no se ha visto limitada a la demanda de servicios para los barrios de migrantes residentes, sino que ha traído también beneficios importantes a los campamentos de jornaleros temporales, así como a las condiciones de trabajo de éstos. De acuerdo a los últimos reportes de INI, los campamentos han empezado a implementar la construcción de pisos de concreto, regaderas, letrinas, ventilación adecuada, y clínicas medicas para la atención de los trabajadores; el maltrato en el trabajo ha disminuido, el trabajo de horas extras ha dejado de ser forzoso, el pago de aguinaldo por parte de la mayoría de las compañías, tiene lugar con mucha mayor puntualidad que antes, y los salarios se han incrementado por encima del mínimo oficial. Asimismo, se ha implementado el Programa Nacional del Niño Migrante, para atender a niños de primaria en campamentos de la ruta migratoria. Por último, es importante señalar que a través del trabajo conjunto entre el INI y las organizaciones de jornaleros en San Quintín, se ha provisto a los dirigentes sindicales de orientación especializada sobre legislación laboral, y se ha instalado una corresponsalía del Juzgado de los Laboral, como herramienta fundamental para hacer frente a la explotación en el trabajo.
Ciertamente, los campamentos aún permanecen en el interior de las propiedades de las compañías, sin embargo, en reunión reciente sostenida por las distintas organizaciones indígenas y las agencias gubernamentales en San Quintín, surgió nuevamente la demanda por parte de las primeras, en el sentido de construir campamentos independientes a los horticultores. Cabe destacar que esta demanda fue ahora expresada por aquellas personas que viven en los barrios de indígenas residentes en el Valle, fuera de dichos campamentos de trabajadores temporales.
Ahora bien, es necesario precisar que en el Valle de San Quintín, lejos de prevalecer una atmósfera de cambio social, han surgido nuevos problemas y nuevos retos que afrontar. El considerable aumento en el flujo de recursos para la atención de la población migrante en esta región, ha servido para mediatizar lideres y organizaciones indígenas que en origen eran independientes, con fines evidentemente político-electorales; asimismo, la aplicación de apoyos hacia la atención de necesidades de urbanización, propias de los asentamientos indígenas permanentes, ha sesgado la orientación en origen laboral de las organizaciones, quienes en muchas ocasiones han encontrado más redituable interceder por la pavimentación de calles, la introducción de alumbrado eléctrico, o la construcción de guarderías, que continuar pugnando por la transformación de las relaciones laborales con los horticultores. Este sesgo en las estrategias organizativas, ha conducido hacia fines de los noventas, a un desencanto de los propios indígenas en sus organizaciones, y a un consecuente debilitamiento de estas.
Por otra parte, la política indigenista en los últimos años, ha atravesado por una serie de desaciertos que han producido un negativo impacto en la región. En vísperas de las elecciones presidenciales más reñidas en la historia de México, el Instituto Nacional Indigenista llevo a cabo la reestructuración de sus delegaciones estatales, principalmente en aquellas zonas de probada disidencia política, como lo es San Quintín; en este contexto, se colocó frente a la delegación del INI en Baja California, a un grupo de personajes con antecedentes de trabajo en la Policía Judicial del Estado, y manifiestamente asociados a los sectores más conservadores del PRI. Durante la gestión de estas nuevas autoridades, se transformó radicalmente tanto la coordinación de la radio bilingüe en San Quintín, como su programación, y se llevaron a cabo acciones de investigación y de captación de dirigentes indígenas, todo esto como parte de una estrategia que fortaleciera en general, la posición electoral del partido oficial, y en particular, las posibilidades de ver cumplidas las ambiciones políticas de políticos locales.
Actualmente esta política indigenista ha entrado en un reflujo importante. Por una parte, la disminución considerable de recursos destinados a la atención indígena ha obstaculizado la operación efectiva del INI, y por otra, la ausencia de una orientación clara de esta política, ha sumergido en el desatino a los mismos indigenistas. Aparentemente, las intenciones del gobierno foxista son las de descentralizar las acciones del INI, delegando responsabilidades y presupuesto a los gobiernos estatales; evidentemente, por encima de las apariencias democráticas de esta desfederalización de la política indigenista, se pretende regionalizar los conflictos indígenas, y evitar que uno solo, de carácter local, alcance niveles nacionales como sucedió con el movimiento zapatista en Chiapas; así, bajo esta lógica, lo que se busca es que los desatinos en este rubro sean señalados por los indígenas a sus respectivos gobiernos estatales, y no a las autoridades centrales. Sin embargo, la falta de explicites en las intenciones gubernamentales, ha colocado en la incertidumbre a quienes trabajan directamente en el campo con los grupos indígenas, quienes ignoran el futuro de la política indigenista del gobierno federal, y lo que espero, su propio futuro laboral.
Conclusiones.
No es la intención de este autor, dar la impresión que las sugerencias expresadas por nuestro equipo de trabajo en 1987, trajeron soluciones inmediatas y totales a los problemas de los migrantes indígenas en San Quintín; de hecho, la explotación social en la región aun existe, y de manera aun dramática. Particularmente, los niños aún continúan realizando faenas extenuantes a cambio de los peores salarios; los campamentos aún constituyen el principal medio de control social de las compañías sobre sus trabajadores, y gran parte de estos asentamientos se encuentran en condiciones deplorables de infraestructura (6). Sin embargo, es innegable que después de 1987, tanto el gobierno como la sociedad civil llegaron a ser más conscientes de las condiciones sociales de estos migrantes indígenas, expresión de lo cual fue la aparición de una nueva agencia federal, constituida en 1990 para desarrollar un importante trabajo en la región (7); el impacto de esta agencia, así como el del trabajo posterior del INI y las organizaciones independientes, ha sido en principio positivo para la población migrante. Por su parte, los medios de comunicación empezaron desde entonces a poner más atención a las violaciones de los derechos humanos y laborales de los jornaleros indígenas, por parte de las compañías transnacionales en San Quintín.
El propósito de esta ponencia, ha sido entonces, el mostrar solo una pequeña parte del proceso a través del cual la situación de los migrantes indígenas en San Quintín, ha empezado a cambiar; sin lugar a dudas, este cambio es el resultado tanto de la capacidad de los mismos indígenas para construir sus propias organizaciones “autogestivas”, y readecuar su trabajo a las circunstancias cambiantes del fenómeno migratorio, como de la sensibilidad de algunas instituciones para reorientar sus estrategias de trabajo, y darle una contenido étnico a sus acciones en la región, en atención a las características específicas de la población con que trabajan. La reorientación del trabajo de INI en esos años, permitió transformar el perfil paternalista de algunos de sus programas, y valorar la importancia de la organización de la población indígena. Como lo mencionamos anteriormente, en 1987 nuestro equipo dio cuenta que en San Quintín, la organización laboral de los trabajadores indígenas era el único medio para que ellos mismos transformaran su propia condición; mas aun, nuestro equipo de trabajo tuvo que aceptar con humildad, que nuestro objetivo no consistía en organizar a los indígenas para apoyar la agenda del instituto, sino crear las condiciones para ampliar las organizaciones existentes, y de esta manera, hacer posible que esta población definiera su propias metas y estrategias para alcanzarlas. Es convicción del que suscribe esta ponencia, que la experiencia aquí expuesta es de nodal importancia para la memoria indigenista de México, y en particular para los nuevos promotores y organizadores sociales en San Quintín, quienes tendrán que definir las nuevas estrategias para trascender los nuevos retos de la política indigenista en la región.
Fuentes citadas.
Garduño, Everardo, Efraín García y Patricia Morán 1990 Mixtecos en Baja California. El Caso de San Quintín. Mexicali: Universidad Autónoma de Baja California.
Glick, Nina; Linda Basch and Cristina Blanc-Szanton 1992 Towards a Transnational Perspective on Migration. Race, Class, Ethnicity, and Nationalism Reconsidered; New York: The New York Academy of Sciences.
Kearney, Michael 1996 Reconceptualizing the Peasantry. Anthropology in Global Perspective. Boulder: Westview Press.
S.A.R.H 1985 Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Programa de Desarrollo Rural, pp.91-93. Mexicali: Sin publicar.
Notas:
(1) El concepto de reterritorialización es sugerido por la antropología transnacionalista, en referencia a aquellas comunidades y culturas que se recrean o reproducen a distancia de su territorio tradicional. Para mayor precisión sobre este concepto véase Michael Kearney (1996), y Glick et al (1992).
(2) La palabra acasillamiento proviene de la categoría de “Peón Acasillado”, en la cual se encontraba gran parte de la fuerza de trabajo en la haciendas en la época que la historia de México registra como el porfiriato (de Porfirio Díaz). El acasillamiento consistía en una especie de cautiverio obligado del peón al interior de la hacienda, a la cual estaba obligado a servir a cambio de un salario reducido. Después de la Revolución Mexicana, dicha práctica laboral fue prohibida constitucionalmente por su esencia discriminatoria y violatoria de los derechos de los trabajadores.
(3) El concepto autogestión es sinónimo de autodirección, por lo que la denominación de grupos autogestivos se refiere a aquellas entidades en las que existe o se promueve un mayor control sobre sus estrategias de desarrollo y acción social.
(4) El corporativismo en México ha sido un mecanismo empleado principalmente (aunque no exclusivamente) por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para ejercer control sobre las organizaciones que aglutina. La característica de este tipo de práctica es que la afiliación al partido no se da de manera individual y voluntaria, sino en grupo y de manera forzada.
(5) Cabe señalar al respecto, que en repetidas ocasiones los patrones promovían la contratación de trabajadores en Oaxaca o incluso en San Quintín, ofreciendo como beneficios adicionales al salario, el servicio medico, de guardería o baños, los cuales eran realmente instalados por el Estado. De esta manera, las compañías favorecidas con estas instalaciones, obtenían una ventaja adicional frente a las demás, en su competencia por fuerza de trabajo. Esta, a nuestro juicio, demostraba una clara participación del Estado en su role subsidiario del proceso de acumulación de capital.
(6) Debemos señalar que por ejemplo, todavía ninguno de los campamentos cuenta con electricidad ni con un sistema de saneamiento ambiental.
(7) Nos referimos al Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas.
Fuente:
http://www.plazamayor.net/antropologia/boant/articulos/sep0301.html
http://www.plazamayor.net/antropologia/boant/articulos/SEP0302.html
